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Pedro Sánchez defiende con firmeza que Ucrania debe elegir su futuro, pero desde marzo de 2022 apoya el plan de Marruecos que niega al pueblo saharaui su autodeterminación. La razón: España necesita a Rabat para la migración y la seguridad. El coste: pierde credibilidad cuando aplica el derecho internacional de forma selectiva.
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Su Santidad el Papa León XIV, ha subrayado hoy, en su discurso ante las Cortes Generales desde el Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados, que "una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Les invito a alzar la mirada: no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral".
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La declaración que tendrá que hacer el Presidente Rodríguez Zapatero ante la Sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia en calidad de investigado en un procedimiento penal seguido por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales suscita algunos interrogantes que vamos a intentar ordenar.
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La división de poderes en España está dando paso a su desaforada confrontación. La iniciativa de esta contienda parece llevarla el poder Judicial, que no entiende ni al poder Ejecutivo ni al Legislativo. O si los entiende, no acepta su entidad como poderes diferenciados. La política tiene autonomía propia para negociar abierta o discretamente, con China, Venezuela o Irán. Si la razón de Estado obliga a España atender a un país hermano como Venezuela, que pide ayuda por verse hostigado por un poderoso enemigo, tal demanda debe atenderse. Si la misma razón estatal obliga a España a diversificar su política exterior y a dialogar con un gigante tecnológico como China, ¿quién se cree con derecho a impedirlo? El poder Judicial en España no puede obsesionarse con la idea de castigar al poder Ejecutivo, con razón o sin ella, en todo tipo de ocasiones. Es una tendencia malsana, cargada de consecuencias letales para el país, para todos.
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No es verdad, como alguna vez se dijo, que haya derrotas dulces y victorias amargas. Toda derrota electoral es amarga y toda victoria es dulce si lleva a formar Gobierno y si no, no es victoria. Pero también es cierto que, al lado del resultado cuantitativo y objetivo en las elecciones, pesan mucho las expectativas y, en las andaluzas del 17 de mayo, las expectativas del Partido Popular iban más allá del triunfo como primer partido y se centraban en seguir obteniendo la mayoría absoluta que permitiría que el partido pudiera alcanzar el Gobierno sin apoyarse en Vox. Esa expectativa ha fracasado y el Partido Popular necesita a otro partido para que Moreno sea elegido Presidente de la Junta. En tal sentido, el resultado electoral se le ha atragantado a Moreno, que se ha pasado toda la campaña rechazando el futuro acuerdo con Vox. Estas elecciones suscitan varias reflexiones que ayudan a entender la política española en 2026, que empieza a ser distinta de cómo era hace unos pocos años.
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Si en Castilla y León quieren “cambio”, “que apuesten y crean en las siglas del Partido Socialista y en su candidato, Carlos Martínez” porque "hacer, hacer para avanzar, para unir y para crear oportunidades es el ADN del Partido Socialista”. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este pasado domingo, desde Ponferrada, que la ola ultraderechista “está creciendo en todo el mundo desgraciadamente” y “lo singular de España no es que crezca la ultraderecha” sino que “frente a la ola ultraderechista hay un gobierno de coalición progresista en España que les para los pies”.
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