Sábado, 01 de Agosto de 2026

 

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Cada migrante regularizado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 aportó entre 3.504 y 4.398 euros en cotizaciones sociales al año tras legalizar su situación, según concluyó un estudio académico.

Este estudio, que se publicó en 2017 y firman los economistas Joan Monràs, Javier Vázquez-Grenno y Ferran Elias, analiza el impacto de esta regularización extraordinaria a la que se acogieron casi 578.000 extranjeros y en la que se exigió, a diferencia de en otros procesos, un contrato de trabajo firmado.

Aquella regularización extraordinaria fue la última acometida por un Gobierno en España -antes lo hicieron los presidentes Felipe González y de José María Aznar- hasta la impulsada ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que espera regularizar a medio millón de personas migrantes.

Más de 4.000 euros de cotizaciones por migrante regularizado

Tras la de 2005, según estos profesores de Economía, cada migrante aportó entre 3.504 y 4.398 euros, según sus cálculos corregidos, en cotizaciones sociales, es decir cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo, a las que habría que sumar lo que abonasen en materia de impuesto sobre la renta (IRPF), que no se analiza en este estudio.

La conclusión es que la medida fue beneficiosa para las arcas públicas, pues la aportación de los migrantes supuso una ganancia "neta", puesto que estas personas ya hacía uso de la sanidad o la educación públicas, que generan un gasto, cuando estaban trabajando en situación irregular.

Impacto en el empleo

Sin embargo, también se registraron pérdidas de empleos poco cualificados entre nativos y extranjeros que ya trabajaban legalmente en España. Así, por cada 10 migrantes regularizados, 6 nativos y 3,5 inmigrantes perdieron su empleo; en cambio, 0,1 trabajadores y 2,1 extranjeros altamente cualificados encontraron un trabajo.

Este estudio apunta además que las cotizaciones fueron menores a las esperadas, lo que atribuyen tanto al menor salario que obtenían estos migrantes como al impacto que tuvo en el mercado laboral.

En todo caso, el estudio concluye que se producen importantes pérdidas en los ingresos públicos cuando no se le concede permiso de trabajo a los migrantes.

Además, se detiene en las migrantes dedicadas al trabajo doméstico, un régimen especial de la Seguridad Social en el que se incrementaron las cotizaciones en un 50 % en 2005 y en un 100% en 2066 en el caso de las regiones con mayor población de origen extranjero, y en un 40 y un 50 %, respectivamente, en las que residen menos migrantes.

Se redujo la brecha en la compra de vivienda

Otro estudio que también firma el catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Joan Monràs, sostuvo que la regularización extraordinaria redujo la brecha entre migrantes y nativos en lo que respecta al alquiler o compra de vivienda, aunque no la eliminó.

Según ha informado la UPF este miércoles, después del anuncio del Gobierno de un nuevo proceso de regulación, el estudio en cuestión analizó la capacidad de compra y alquiler de los inmigrantes regularizados en 2005 y las diferencias con la población de nacionalidad española.

La regularización extraordinaria de Zapatero redujo la brecha entre este colectivo y los autóctonos, en lo que respecta al alquiler o compra de vivienda, aunque no la eliminó, y provocó cambios en los patrones de consumo.

Los migrantes pudieron unirse a la compra de viviendas a través de la concesión de hipotecas y se redujo la proporción de extranjeros extracomunitarios en viviendas de alquiler, entre 10 y 15 puntos porcentuales, en comparación con hogares nativos.

Pese a reducirse, la diferencia se mantuvo. Según el autor, "los hogares inmigrantes son más jóvenes, viven en hogares que tienen más miembros, tienden a tener ingresos más bajos, son más urbanos, ligeramente con menor nivel educativo y, sobre todo, son mucho más propensos a alquilar en lugar de ser propietarios de la vivienda en la que residen".

Además, detectó "diferencias de gusto", factores vinculados a preferencias personales y culturales que implican que los inmigrantes sean más propensos a alquilar que los nativos, aunque puedan compartir las mismas características socioeconómicas.

 

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